El mercado laboral de la nueva normalidad en el Ecuador

Introducción

Desde el 2017 por decisiones de índole político anteriores y posteriores a la pandemia producida por el virus COVID 19 que al momento ha cobrado la vida de 21.600 ecuatorianos aproximadamente.1 Las condiciones laborales se han visto afectadas significativamente al punto de atentar contra el derecho de los trabajadores y familias ecuatorianas, en especial, de las más vulnerables.

Las medidas económicas, según el entonces presidente Lenin Moreno Garcés, se tomaron para aliviar una supuesta crisis que, según el primer mandatario, fue heredada por el gobierno de su antecesor y coideario, economista Rafael Correa. Entre las medidas más conocidas se encuentran las relacionadas con la reducción del estado, lo que implicó fusión, liquidación o delegación al privado de instituciones y/o empresas públicas, recortes en las nóminas de servidores públicos de las instituciones y en los presupuestos de diversos servicios, entre ellos de servicio social dirigidos a la niñez y adolescencia, mujeres, personas con discapacidad, en general a la diversidad que conforman los grupos de atención prioritaria. Otro tipo de medidas fueron: la condonación de deudas tributarias mediante la Ley de Fomento Productivo a la cual se acogieron a la remisión de intereses, multas y recargos al menos 50 de las empresas más grandes del Ecuador entre ellas bancos y grupos económicos y, la posicionada mediáticamente como Ley Humanitaria la cual agravó la situación económica de los ciudadanos, ya que por esta se han atropellado los derechos laborales en el país.

Fuente: https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/

Desarrollo

Las medidas mencionadas, progresivamente, minaron  la calidad de vida de los ecuatorianos ya que muchas personas que accedían a servicios sociales no pudieron continuar con los procesos que facilitaban su inclusión económica y social. Un considerable número de servidores públicos de forma abrupta perdieron su trabajo. A ciertos grupos de trabajadores se les redujo sus horas de trabajo y/o remuneración para mantener su empleo y otras personas aceptaron trabajos en condiciones no dignas en un contexto social, económico y político que beneficia a los grupos de poder y que desfavorece, en especial, a aquellos que tiene obligaciones financieras obtenidas por préstamos para vivienda, medios de producción o trabajo o de simple subsistencia durante la pandemia. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC hasta diciembre de 2020, el 30,8% de la ciudadanía accede a empleo adecuado; el 22,7% se encuentra en subempleo; el 12,2% ejerce un empleo no remunerado, el 28,4% tiene empleo no pleno; y el 5,0% se encuentra en situación de desempleo. Según analistas estadísticos las cifras entregadas por el INEC no reflejan la realidad del empleo en el Ecuador, ya que la metodología para calcular los índices e indicadores omite ciertos parámetros, con los cuales se pretende ocultar los efectos que las políticas actuales han ocasionado en la economía familiar.

Según el ministro de Trabajo, Andrés Isch, ante la Comisión Laboral de la Asamblea Nacional mencionó:

… hay dos problemas estructurales y sistemas que se deben tratar con responsabilidad, cómo enfrentar la alta tasa de informalidad que existe en el país, pues al momento existe un 48%; es decir, que casi la mitad de los ecuatorianos está en la informalidad. Si se observa en años anteriores previos al COVID-19, el problema estructural se mantenía en un 44%, por lo tanto, la situación es crítica, alertó.

A pesar de las posiciones, a favor o en contra de la gestión del gobierno, las cifras acerca del empleo evidencia que son los jóvenes y las mujeres son quienes más se han visto afectados por la crisis económica durante la pandemia. En particular las mujeres ya que, según los datos oficiales la tasa de desempleo para las mujeres es del 8%, en contraste con la de los hombres que corresponde al 5,7%. Las cifras oficiales señalan que más de 80 mil mujeres no pueden acceder a empleos.

                                              Fuente: https://www.eluniverso.com/ de 13 de noviembre de 2020

En relación a lo citado, el ministro de trabajo mencionó que existe un “desempleo oculto” el cual se conforma por aquellas personas que no buscan trabajo pero que, si se les ofreciera la oportunidad de laborar la aceptarían. Según Andrés Isch, el desempleo oculto está compuesto en su mayoría por mujeres que por distintas condiciones socio económicas, culturales y de machismo no pueden salir a buscar trabajo. También aseguró que la tasa de desempleo a septiembre de 2019 era de 4,9% y que en el 2020 se llegó a un pico del 13,3% y que al momento se encuentra en un 6,6%, por lo tanto, no se recupera a las cifras del año pasado.3 Es decir, las medidas más urgentes para afrontar la crisis deben orientarse hacia la mujer considerando su situación, geográfica, étnica, civil, de carga laboral, en sí todas las características que definen este grupo poblacional. Son necesarias políticas públicas con acciones prácticas y normas pertinentes que emanen de la diversidad de los actores públicos”.4 Para lo cual hay que valorar la forma en que la mujer contribuye al sistema social, cultural y económico.

Parámetros de decisiones políticas para mejorar esa situación.5

Se proponen los parámetros de decisiones políticas tomando en cuenta las acciones para la igualdad de género descritas el Informe especial No 9 de la  CEPAL. 

• Recaudar los intereses, multas y recargos anteriormente condenados a los grupos de poder económico para dotar de presupuesto a los servicios públicos atados a las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres.
• Implementar proyectos sociales para mujeres que se desempeñen en los ámbitos del comercio, el turismo y de servicios, con énfasis en los servicios de cuidado.
• Implementar estrategias para incrementar la inclusión laboral de mujeres en la industria tecnológica.
• Implementar campañas de comunicación que promuevan la reconversión laboral para las mujeres en el mercado de la economía digital.
• Presentar una propuesta de ley que reemplace a la Ley Humanitaria en cuanto a la reducción de horas de trabajo y remuneración y en las condiciones de acuerdos grupales sobre la particularidad de cada trabajador. 
• Fortalecer las veedurías ciudadanas y sistemas de control con y desde el Ministerio de Trabajo en favor de las mujeres y acceso al trabajo y las mujeres en el trabajo en el ámbito digital, con énfasis en las plataformas en línea.
• Incluir bajo categoría de prioritario la vacunación de las mujeres, en especial a aquellas que se desenvuelven en el comercio, el turismo y servicios de cuidado
• Implementar procesos de formación digital, lúdica y pedagógica para mujeres que fortalezcan su plena participación en la educación y demandas laborales.
• Implementar infraestructura digital desde las capacidades de las mujeres para complementar los procesos cognitivos de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes 
• Implementar un proyecto para la dotación de la canasta básica digital a familias de la ruralidad y mujeres en procesos de formación de formación digital, lúdica y pedagógica.

Material disponible para descarga

• Informe especial COVID 19 - CEPAL - La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad

Referencias

1. Coronavirus en Ecuador. (28 de septiembre de 2021). Estadística Covid 2019. https://www.coronavirusecuador.com/estadisticas-covid-19/
2. El Universo. (13 de noviembre, 2020). Ecuador: Las mujeres son las más afectadas por la pandemia, su tasa de desempleo es del 8% frente al 5,7% de los hombres. https://www.eluniverso.com/noticias/2020/11/13/nota/8047315/mujeres-ecuador-afectadas-   desempleo-pandemia-covid-19/
3. Ibid.
4. Mény, Yves. Thoenig, Jean-Claude. Las políticas públicas. Barcelona, 1992.
5. CEPAL. Informe Especial COVID 19 No 9. La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. 2021.